Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, declarará el miércoles en el Supremo como testigo en la causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos. Lo hace a petición de la Abogacía del Estado, que defiende al fiscal y le acusa de ser el responsable de la primera filtración relacionada con el fraude fiscal de la pareja de Ayuso, Alberto González Amador. Rodríguez tiene obligación de decir verdad, ya que de lo contrario cometería falso testimonio, pero extrajudicialmente, ya ha ganado otra batalla, la del relato. Casi un año después de que estallara el escándalo del fraude fiscal del novio de la presidenta madrileña, el foco está en el fiscal general mientras González Amador anuncia querellas contra los periodistas que lo llamaron defraudador confeso, pese a que fue él, a través de su abogado, quien admitió que “ciertamente” había cometido dos delitos para tratar de llegar a un acuerdo y evitar la cárcel —la suma total que defraudó a Hacienda en los ejercicios de 2020 y 2021 asciende a 350.951 euros. El delito fiscal es a partir de 120.000 por ejercicio—.
