El acuerdo de financiación singular para Cataluña, suscrito entre el PSC y ERC, para la investidura de Salvador Illa como president de la Generalidad, suponía la creación de una Agencia Tributaria propia de Cataluña que recaudaría la totalidad de los impuestos para entregar después los que correspondan al Estado central. El acuerdo supondría un paso atrás respecto a la dirección que marca la Unión Europea y no encaja con lo que establece la Constitución, según un informe publicado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) y elaborado por el fiscalista Alberto García Valera, socio responsable de política tributaria de la firma Ernst & Young —que firma este documento—. Este experto, que fue director general de Tributos del Ministerio de Hacienda, considera que la cesión “no solo no encuentra acomodo en el propio artículo 149″ de la Constitución “sino que, además, objetivamente, solo resta eficiencia” a la labor de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). Esto debido a que de consolidarse el acuerdo implicaría, a su juicio, un incremento de los costes de gestión, un impacto en la recaudación y “graves perjuicios en la lucha contra el fraude fiscal, quebrando principios básicos en la gestión de impuestos”. “Deberíamos tener altura de miras y preguntarnos qué ganarían ciudadanos o empresas con esta fragmentación. Y la respuesta es que nada”, asegura el experto.
