Las prioridades de la presidenta de Extremadura, María Guardiola, dan un volantazo por segunda vez. Tras las elecciones del 28 de mayo de 2023, la dirigente popular negó reiteradamente que fuera a gobernar junto a Vox. Pero reculó poco después empujada por la dirección nacional del Partido Popular. Y acabó firmando un pacto de coalición que incluía, como exigencia de los ultras, “impulsar una nueva ley extremeña que sirva a la reconciliación y a la concordia real”, para derogar la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura aprobada en 2018. El acuerdo de Gobierno saltó por los aires el pasado 11 de julio, tras la salida de la formación de Santiago Abascal de cinco Ejecutivos autonómicos. Seis días después, Guardiola guardó en un cajón la Ley de Concordia: “No vamos a poner en marcha esa ley de concordia, no está encima de la mesa y no es nuestra prioridad”. Hoy, tras prorrogar los presupuestos de 2024 a 2025 ante la negativa de Vox y del resto de partidos a apoyar las cuentas, la baronesa popular ha dado un giro y promoverá finalmente la norma. Una decisión avalada por Génova. “Todo lo que suena concordia, a entendimiento a encuentro de españoles, me suena extraordinariamente bien”, ha dicho al respecto este jueves el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, en Madrid.
