El 7 de noviembre de 2023, la residencia oficial del entonces primer ministro de Portugal, el socialista António Costa, fue registrada por orden de la Fiscalía. Encontraron dinero en metálico (75.800 euros) escondido en el despacho de su jefe de gabinete, Vítor Escária, y se llevaron documentación para investigar si había anomalías en la aprobación de una serie de proyectos empresariales, entre ellos un gigantesco centro de datos en Sines. Ese día se realizaron 42 registros y se detuvieron cinco personas, entre ellas Escária y un buen amigo de Costa, el abogado Diogo Lacerda Machado, en la llamada Operación Influencer. Un escándalo que impactó dentro y fuera del país. Los fiscales que dirigían la operación tenían sospechas de que se podían haber cometido delitos de corrupción, tráfico de influencias y prevaricación.
