España y sus empresas combaten la corrupción y rechazan los sobornos transnacionales. La afirmación es cierta; tan cierta como decir que España y sus empresas están a favor de un aire más limpio. Son verdades con letra pequeña. España suscribió en 2000 el Convenio de la OCDE de lucha contra de la corrupción de 1997; reformó el Código Penal en los años 2010 y 2015 para ajustar las responsabilidades de las personas jurídicas —las empresas— en las prácticas corruptas y todas las grandes empresas, sin excepción, tienen departamentos internos dedicados a prevenir las malas prácticas —áreas de compliance—. Pero hechos son hechos. Periódicamente afloran de forma lenta y pesada casos de corrupción transnacional que afectan a grandes compañías. El último, la multa de 80 millones de EE UU a la filial de Telefónica en Venezuela para cerrar, con acuerdo de las partes, una investigación sobre sobornos a funcionarios del Gobierno venezolano en 2014.
