La ministra de de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, presentó este jueves las prioridades de su departamento en 2025. Quiere que el número de trabajadores siga creciendo, desarrollar un plan de integración y convivencia intercultural y mejorar la protección social del sistema público. Entre esos objetivos prioritarios el ministerio también apuesta por “ampliar el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura”. Es el listado de puestos de trabajo para los que el Ejecutivo autoriza a las empresas la contratación en el extranjero por escasez de mano de obra. Es un planteamiento distinto al que defiende el Ministerio de Trabajo, que mediante el Servicio Publico de Empleo Estatal (SEPE) publica el catálogo. El departamento de Yolanda Díaz viene mostrando resistencia a la inclusión de más profesiones, cree que España no sufre un problema de vacantes y subraya que este documento es su competencia. Seguridad Social matiza, subraya que algunos sectores sufren escasez de mano de obra y reivindica su protagonismo en la confección del listado. Esta diferencia de opiniones coincide con la que mantienen Economía y Trabajo a cuenta de la reducción de jornada. De momento es un desencuentro leve, pero es un motivo más de discusión en el seno del Ejecutivo, instalado en la trifulca.
«La reforma más ambiciosa»
El nuevo reglamento de extranjería fue aprobado por el Consejo de Ministros en noviembre del año pasado y simplifica trámites y reduce plazos para regularizar inmigrantes, con una clara vocación de atraer y retener trabajadores extranjeros así como aflorar la economía sumergida. Según los cálculos de esta cartera, tras esta reforma se regularizarán hasta 300.000 inmigrantes al año, lo que en poco más de tres años significaría un millón de personas regularizadas. La ministra Saiz ha descrito este nuevo reglamento como “la reforma más ambiciosa e integral” que se haya hecho a la Ley de Extranjería en la última década y ha dicho que “va a servir para combatir a las mafias, el fraude y la vulneración de derechos”.
La norma fortalece la figura del arraigo, que es la vía principal de regularización en la actualidad. En todas sus modalidades, el tiempo requerido de permanencia en España para que un inmigrante pueda pedir un permiso de residencia y trabajo será ahora de dos años, en lugar de tres, como antes. Todas las autorizaciones iniciales se concederán para un año y las renovaciones, para cuatro años. Inclusión apuesta más por esta vía, que por la regularización extraordinaria que sigue su trámite en el Congreso.
