Los empleados públicos han iniciado el año con el salario congelado y con la incertidumbre sobre su atención sanitaria por las dudas sobre el concierto de Muface. Las discrepancias entre las aseguradoras que prestan los servicios, Adeslas, Asisa y DKV, y el Gobierno están poniendo en riesgo el futuro de la mutua que gestiona la sanidad de cerca de dos millones de funcionarios y sus familias.
